Los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y Luis Rodríguez investigan si se cometió algún delito durante el proceso de constitución de Bankia. Para ello, han requerido información "con la mayor presteza posible" a la entidad, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así lo ha desvelado en una entrevista con Efe el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha dicho que las diligencias abiertas el pasado 28 de mayo se ordenaron ante "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos".
El decreto de apertura de las diligencias de investigación sobre Bankia de la Fiscalía Anticorrupción contempla al menos cinco posibles delitos en la constitución y salida a bolsa de este grupo bancario, han informado a Efe fuentes del Ministerio Público. Así, el decreto habla de la posible comisión de delitos contables, falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa y apropiación indebida, entre otros, según estas fuentes.
Fuentes del ministerio público aseguran que la Fiscalía Anticorrupción considera que el órgano que debe investigar los posibles delitos es la Audiencia Nacional y no el Juzgado de Madrid que tramita la querella interpuesta por el colectivo Manos Limpias contra el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En opinión de Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid que tramita la demanda de Manos Limpias debería inhibirse en favor de ese órgano judicial por "la posible existencia de una infracción penal".
"Hemos trasladado esas peticiones al Juzgado para que (...) sepa cuál es la línea de investigación que proponemos nosotros", ha señalado Torres-Dulce, que ha considerado "prematuro" concretar los posibles delitos que se investigan porque "la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país" aconseja ser "realmente prudentes".
Será el examen de la documentación que realicen los peritos -tanto de la Administración como de Anticorrupción- el que permita determinar "si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona".
Para ello, insiste, es "imprescindible" la colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El proceso de constitución de esta entidad se remonta a primeros de 2011, cuando se produjo la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades -Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja-, dando lugar al grupo presidido entonces por Rodrigo Rato, que finalmente pidió su nacionalización el pasado 9 de mayo.
Además, grupos de pequeños accionistas preparan acciones legales contra los gestores de la entidad, mientras que el movimiento del 15M ha recaudado el dinero necesario para presentar una querella contra Rato, que se interpondrá el próximo día 14.
Así lo ha desvelado en una entrevista con Efe el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha dicho que las diligencias abiertas el pasado 28 de mayo se ordenaron ante "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos".
El decreto de apertura de las diligencias de investigación sobre Bankia de la Fiscalía Anticorrupción contempla al menos cinco posibles delitos en la constitución y salida a bolsa de este grupo bancario, han informado a Efe fuentes del Ministerio Público. Así, el decreto habla de la posible comisión de delitos contables, falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa y apropiación indebida, entre otros, según estas fuentes.
Fuentes del ministerio público aseguran que la Fiscalía Anticorrupción considera que el órgano que debe investigar los posibles delitos es la Audiencia Nacional y no el Juzgado de Madrid que tramita la querella interpuesta por el colectivo Manos Limpias contra el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En opinión de Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid que tramita la demanda de Manos Limpias debería inhibirse en favor de ese órgano judicial por "la posible existencia de una infracción penal".
Opinión pública
El fiscal general reconoce que "existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas", pero añade que "aunque no hubiera una demanda social", el asunto "merece dicha investigación"."Hemos trasladado esas peticiones al Juzgado para que (...) sepa cuál es la línea de investigación que proponemos nosotros", ha señalado Torres-Dulce, que ha considerado "prematuro" concretar los posibles delitos que se investigan porque "la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país" aconseja ser "realmente prudentes".
Será el examen de la documentación que realicen los peritos -tanto de la Administración como de Anticorrupción- el que permita determinar "si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona".
Para ello, insiste, es "imprescindible" la colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La fusión en Bankia
El Ministerio Público centra su investigación tanto en la constitución del grupo a comienzos de 2011 -fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja- como en la salida a bolsa de Bankia el pasado 20 de julio.El proceso de constitución de esta entidad se remonta a primeros de 2011, cuando se produjo la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades -Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja-, dando lugar al grupo presidido entonces por Rodrigo Rato, que finalmente pidió su nacionalización el pasado 9 de mayo.
Además, grupos de pequeños accionistas preparan acciones legales contra los gestores de la entidad, mientras que el movimiento del 15M ha recaudado el dinero necesario para presentar una querella contra Rato, que se interpondrá el próximo día 14.
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