Esas cinco opciones consisten en:
1) un rescate en toda regla, con un programa de ajuste negociado con la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Se solicita cuando el país no puede financiarse en los mercados, (es el utilizado con Irlanda o Portugal);
2) un rescate para el sector financiero en países que no están sometidos a un programa de la CE y el FMI. Se concede cuando el país en cuestión ha agotado sus recursos públicos y los privados en la recapitalización del sector financiero. Las condiciones incluyen la reestructuración de las entidades ayudadas, una revisión de los métodos de supervisión financiera y el cumplimiento de los objetivos de déficit previstos en el programa de estabilidad.
3) una línea de crédito, también para países que no están sometidos a un programa CE-FMI. Se concede ante un bache temporal de liquidez. Son préstamos de hasta el 10% del PIB de un país, reembolsables en un año con posibilidad de dos prórrogas de seis meses.
4) intervención en el mercado primario de deuda pública: para países con un programa CE-FMI o con una línea de crédito. El fondo acude a las subastas del Tesoro público y puede comprar hasta el 50% de una emisión de deuda.
5) intervención en el mercado secundario de deuda pública: para países con o sin programa CE-FMI. El fondo compra bonos en caso de que los tipos de interés alcancen niveles inaceptables (es lo que hacía el BCE).
La opción más adecuada para España (o la menos perniciosa, según se mire) sería un préstamo del fondo al Estado (llámese ministerio de Economía, FROB o museo del Prado) para completar la recapitalización en marcha del sector financiero español.
Bruselas sugiere desde hace meses esa solución, que está disponible desde la cumbre europea de julio de 2011. Pero Rajoy, con lógica política y económica, se ha resistido. Primero, porque a ningún Gobierno le gusta pedir socorro. Y segundo, porque ese rescate bancario podría estigmatizar a toda la deuda emitida en España (pública y privada) y sacar del mercado no solo al Tesoro sino también a las empresas españolas, que también deben atender sus necesidades de refinanciación. La espiral desembocaría en la primera opción. Y ya se han visto las consecuencias en Grecia, Irlanda y Portugal.
España ha intentado evitar ese riesgo proponiendo que el fondo de rescate inyecte capital directamente en el sector bancario. Su iniciativa ha sido bien acogida porque rompería el peligroso vínculo que existe ahora entre riesgo bancario (una entidad que cae) y riesgo soberano (un país arrastrado por la caída de la entidad).
Pero Berlín sigue negándose por varias razones. Primero, porque la inyección directa obligaría al fondo de rescate a asumir las pérdidas en caso de impago. Y segundo, porque la reforma supone otro paso hacia la creación de un verdadero instrumento europeo de intervención, al que París querría dar acceso a la liquidez cuasi-ilimitada del Banco Central Europeo. Alemania se niega a dar ese salto mientras no esté blindada la disciplina presupuestaria y macroeconómica en toda la zona euro.
Así que es muy probable que la propuesta de Rajoy se acabe aprobando en el contexto de la reforma de la zona euro que se quiere poner en marcha en la cumbre europea del 28 y 29 de junio. Pero parece casi imposible que su aprobación llegue a tiempo para España.
1) un rescate en toda regla, con un programa de ajuste negociado con la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Se solicita cuando el país no puede financiarse en los mercados, (es el utilizado con Irlanda o Portugal);
2) un rescate para el sector financiero en países que no están sometidos a un programa de la CE y el FMI. Se concede cuando el país en cuestión ha agotado sus recursos públicos y los privados en la recapitalización del sector financiero. Las condiciones incluyen la reestructuración de las entidades ayudadas, una revisión de los métodos de supervisión financiera y el cumplimiento de los objetivos de déficit previstos en el programa de estabilidad.
3) una línea de crédito, también para países que no están sometidos a un programa CE-FMI. Se concede ante un bache temporal de liquidez. Son préstamos de hasta el 10% del PIB de un país, reembolsables en un año con posibilidad de dos prórrogas de seis meses.
4) intervención en el mercado primario de deuda pública: para países con un programa CE-FMI o con una línea de crédito. El fondo acude a las subastas del Tesoro público y puede comprar hasta el 50% de una emisión de deuda.
5) intervención en el mercado secundario de deuda pública: para países con o sin programa CE-FMI. El fondo compra bonos en caso de que los tipos de interés alcancen niveles inaceptables (es lo que hacía el BCE).
La opción más adecuada para España (o la menos perniciosa, según se mire) sería un préstamo del fondo al Estado (llámese ministerio de Economía, FROB o museo del Prado) para completar la recapitalización en marcha del sector financiero español.
Bruselas sugiere desde hace meses esa solución, que está disponible desde la cumbre europea de julio de 2011. Pero Rajoy, con lógica política y económica, se ha resistido. Primero, porque a ningún Gobierno le gusta pedir socorro. Y segundo, porque ese rescate bancario podría estigmatizar a toda la deuda emitida en España (pública y privada) y sacar del mercado no solo al Tesoro sino también a las empresas españolas, que también deben atender sus necesidades de refinanciación. La espiral desembocaría en la primera opción. Y ya se han visto las consecuencias en Grecia, Irlanda y Portugal.
España ha intentado evitar ese riesgo proponiendo que el fondo de rescate inyecte capital directamente en el sector bancario. Su iniciativa ha sido bien acogida porque rompería el peligroso vínculo que existe ahora entre riesgo bancario (una entidad que cae) y riesgo soberano (un país arrastrado por la caída de la entidad).
Pero Berlín sigue negándose por varias razones. Primero, porque la inyección directa obligaría al fondo de rescate a asumir las pérdidas en caso de impago. Y segundo, porque la reforma supone otro paso hacia la creación de un verdadero instrumento europeo de intervención, al que París querría dar acceso a la liquidez cuasi-ilimitada del Banco Central Europeo. Alemania se niega a dar ese salto mientras no esté blindada la disciplina presupuestaria y macroeconómica en toda la zona euro.
Así que es muy probable que la propuesta de Rajoy se acabe aprobando en el contexto de la reforma de la zona euro que se quiere poner en marcha en la cumbre europea del 28 y 29 de junio. Pero parece casi imposible que su aprobación llegue a tiempo para España.
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