La inspección laboral descubrió en el primer semestre a unos 4.500 trabajadores que cobraban de forma fraudulenta la prestación por desempleo, casi la mitad de los 10.000 controles que llevó a cabo Empleo.
Asimismo, el organismo público detectó también 40.000 empleos en 'negro' en 110.000 inspecciones en este periodo y 800 empresas ficticias y 14.000 contratos falsos en otros 11.051 controles.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha revelado estos datos durante la presentación de la segunda parte del plan de lucha contra el fraude.
El Gobierno reforzará la Inspección de Trabajo con 53 nuevos inspectores y 60 subinspectores, siendo su principal objetivo vigilar si los trabajadores aflorados en los procesos de inspección se mantienen en alta a la Seguridad Social después del proceso de investigación.
El anteproyecto de ley remitido por el Consejo de Ministros al Consejo Económico y Social (CES) prevé ampliar de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.
Por otra parte se establece la reducción en un 50% de las sanciones cuando se ingresen las cuotas de Seguridad Social no pagadas y siempre que la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente. Así se evitarán "las situaciones en las que es más beneficioso para el infractor pagar la sanción que cumplir con sus obligaciones legales".
El Anteproyecto establece como infracción muy grave la utilización de trabajadores con el contrato suspenso o con reducción de jornada de forma indebida.
Asimismo, el organismo público detectó también 40.000 empleos en 'negro' en 110.000 inspecciones en este periodo y 800 empresas ficticias y 14.000 contratos falsos en otros 11.051 controles.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha revelado estos datos durante la presentación de la segunda parte del plan de lucha contra el fraude.
El Gobierno reforzará la Inspección de Trabajo con 53 nuevos inspectores y 60 subinspectores, siendo su principal objetivo vigilar si los trabajadores aflorados en los procesos de inspección se mantienen en alta a la Seguridad Social después del proceso de investigación.
El anteproyecto de ley remitido por el Consejo de Ministros al Consejo Económico y Social (CES) prevé ampliar de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.
Por otra parte se establece la reducción en un 50% de las sanciones cuando se ingresen las cuotas de Seguridad Social no pagadas y siempre que la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente. Así se evitarán "las situaciones en las que es más beneficioso para el infractor pagar la sanción que cumplir con sus obligaciones legales".
El Anteproyecto establece como infracción muy grave la utilización de trabajadores con el contrato suspenso o con reducción de jornada de forma indebida.
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